En los archivos del Pentágono

Vox Populi │ Columna
Por Aurelia Fierros

 

En los archivos del Pentágono

 

La imagen institucional respaldada en la excelencia y en los valores nacionalistas larga y eficazmente promovidos bajo icónicas frases como “sé todo lo que puedas ser” (be all you can be), hoy se coloca tras un agudo cuestionamiento a su credibilidad por las graves acusaciones y una demanda legal que pone al descubierto el abuso de poder, el contubernio y la permisibilidad hacia una deplorable cultura de supremacía machista, practicas misóginas  y criminales –incluyendo presunto asesinato- dentro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

Según un grupo defensor de los derechos humanos de las mujeres soldados – la Red de Acción de Mujeres en Servicio (Service Women’s Action Network), durante 2009 se registraron unos 16,150 casos de violación y diversas modalidades de asalto sexual al interior de las filas militares estadounidenses; de los cuales, solo se reportaron 3,230, equivalente a un 20 por ciento del total.  

El porcentaje de violaciones no reportado debido principalmente a amenazas e intimidación, fue reconocido por el propio Pentágono en un reporte emitido la misma semana en que el grupo de activistas presentó una demanda legal en su contra, acusándole de indiferencia frente a los flagrantes casos de ese delito.       

Al grupo de quince mujeres que a través de SWAN lidera la demanda legal se unieron dos hombres igualmente victimas y sobrevivientes de violación, asalto y acoso sexual, para formular en 42 páginas el documento que narra horríficos episodios de toda clase de abuso psicológico, verbal y físico a manos de sus superiores. 

Los veteranos denunciantes afirman haber sido víctimas de dichos abusos durante su servicio activo en las fuerzas armadas mientras sus comandos se mostraban condescendientes e incluso ascendían en sus cargos militares a sus atacantes.

“Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes en su contra, fueron sujetos de represalias, expulsados del servicio, o, en algunos casos, asesinados”, afirman los veteranos en la querella.   

Los demandantes acusan que los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates “fallaron al no investigar  las violaciones y agresiones sexuales, enjuiciar a los responsables, proporcionar un sistema judicial adecuado como lo exige la Ley Uniforme de Justicia Militar (Uniform Military Justice Act) y al no cumplir con los plazos del Congreso para implementar las reformas institucionales ordenadas por éste,  para impedir las violaciones y otras agresiones sexuales”.  

Una mujer de la Guardia Costera (Coast Guard) afirma que su superior le escupió en la cara, amenazó con matarla y después “comenzó a entrar en su habitación por la noche, a pararse sobre su cama y masturbarse”. 

Declaró que tenía que dormir con un cuchillo bajo la almohada para defenderse.  El oficial terminó violándola. No obstante, al ofensor se le procesó únicamente por haberla golpeado obteniendo tan solo una sanción salarial mínima y una restricción a la base durante 30 días.

Casos similares y que implicaron incluso mayor acoso y complejas repercusiones perniciosas para las víctimas están detallados en la demanda, incluyendo el asalto sexual a una miembro de la Guardia Nacional Aérea (Air National Guard) durante su servicio en Irak; el caso de un demandante masculino de apellido ruso que fue violado y sistemáticamente humillado durante su servicio con el Ejército (Army) en 2009, siendo finalmente expulsado bajo una declaración falsa que le hicieron firmar;  así como otros casos de  intimidación ejercida por altos mandos militares, incluyendo el de un sargento de la Marina que simplemente hizo a uno de sus tenientes que se disculpara frente a un demandante, después de que dicho teniente “metió los dedos por el ano [del demandante] hasta que lo penetró”.

Esta victima afirmó que sus compañeros marinos le advirtieron que “reportar abusos sexuales arruinaría su carrera porque ‘cosas malas le suceden a los que hacen ruido’”.

“Después de que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes –relata el documento- se tomó represalias en su contra, fueron expulsados de los servicios, o, en algunos casos trágicos, fueron asesinados”.  Afirma que una mujer de la Marina “fue asesinada y enterrada en una zanja superficial” en el patio trasero de un miembro de los servicios, por haber denunciado la violación.    

“Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes, su comando les obligó a saludar y mostrar ‘respeto’ a sus violadores.  De esta manera, los demandantes se vieron obligados a vivir y trabajar junto a sus violadores, y algunos fueron puestos bajo su mando directo”.

La denuncia agrega que el Pentágono se niega a informar las tasas de veredictos de los tribunales militares y que “destruye la evidencia recabada durante la exanimación del forense después de tan sólo un año a partir de la fecha en que se obtuvo, si la víctima optó por utilizar el sistema de información restringida”. 

En conferencia de prensa del 15 de febrero, mismo día en que se presentó la demanda judicial contra el Pentágono, Anu Bhagwati ex Capitán de la Marina y Directora Ejecutiva de la Red de Acción de Mujeres en Servicio (SWAN) dijo:  

“He sido testigo de cómo mis propios mandos supremos violan las políticas de acoso y asalto sexual, evaden responsabilidades hacia sus propias tropas, mienten a las  familias al ignorar los reportes de abuso, transfieren depredadores sexuales fuera de sus unidades en lugar de procesarlos jurídicamente, ascienden en sus cargos a depredadores sexuales mientras se encuentran bajo investigación, y acusan de mentir sobre su (caso de) abuso, a miembros altamente reconocidos dentro del servicio, simplemente porque son mujeres. 

“Todo intento de sometimiento a la rendición de cuentas contra estos oficiales se enfrentó siempre con amenazas y represalias.  Vi algunos de los más finos miembros del servicio en la nación, abandonar el ejército luego de haber sido abusados y traicionados, mientas sus perpetradores y los oficiales que voluntariamente les protegieron, siguen hasta hoy vistiendo en uniforme (…) Reportar asalto sexual y acoso sexual en las fuerzas armadas es -en el mejor de los casos- brutalmente intimidatorio; y es en el peor de ellos, una sentencia de muerte”.   

El día 16, durante la audiencia sobre el presupuesto militar de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el Secretario de Defensa Robert Gates, dijo que existe “cero tolerancia” a las violaciones y cualquier tipo de asalto sexual y agregó que las fuerzas armadas han gastado US$2 millones para la optimización del procesamiento legal de casos de violación.  

Gates dijo también que se ha aumentado el número de voluntarios que atienden las áreas de prevención y de respuesta a asaltos sexuales, de 300 a 3,000 y que ahora se cuenta con una persona designada a cada unidad militar, batallón u otros grupos mayores.   Agregó que el porcentaje de presuntos perpetradores que son procesados penalmente, se ha incrementado de un 30, a un 50 por ciento.     

Pero Bhagwati retó las estadísticas y el número de casos de procesos contra presuntos violadores presentados por el Secretario Gates, e hizo un llamado para la creación de un registro de depredadores sexuales al interior de las fuerzas armadas.

Bhagwati afirmó que menos de uno de cada cinco depredadores sexuales jamás verán el interior de una corte. “La mayoría solo reciben una palmadita en la mano, en lugar de una condena.  Sabemos que los depredadores sexuales frecuentemente son infractores seriales y aún así, las fuerzas armadas no sólo incumplen en su procesamiento y su sentencia, sino que además incumplen al no proveer un registro de criminales sexuales a las autoridades civiles, permitiendo así que los perpetradores militares continúen atacando victimas en las comunidades civiles a lo largo del país”.    

Los veteranos demandantes liderados por Bhagwati, acusan que Gates y Rumsfeld “violaron los derechos constitucionales de los denunciantes de forma sistemática y repetida”, y buscan una compensación por daños y perjuicios.

Esta demanda devela ahora una cruda y dolorosa realidad emanada de una patética cultura de intimidación y de indecibles abusos al interior de las instituciones que públicamente defienden el honor y la disciplina.  

Como sea, el hecho debe considerarse como un avance hacia la búsqueda e impartición de justicia y sobretodo, hacia la eventual eliminación de tales monstruosidades que victiman a quienes solo buscan servir a este gran país y que hasta ahora, habían permanecido sistemáticamente ocultas detrás de los impecables uniformes de muchos de los altos mandos militares, y en los archivos deliberadamente ignorados del mismísimo Pentágono.

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